La decisión del Tribunal Constitucional de abolir el impuesto de plusvalía municipal por ser inconstitucional ha suscitado preocupación en los municipios españoles, donde temen perder una fuente de ingresos. Las importaciones les aportan cerca de 2.500 millones de euros anuales.

El principal problema que encaran los ayuntamientos, es que pueden realizarse rectificaciones sobre los cuatro últimos años y, Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona, apunta «que todos aquellos que hayan presentado la autoliquidación en los últimos cuatro años podrán reclamar la anulación y la solicitud de la devolución de lo pagado».

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