El fenómeno de expropiaciones que está llevando a cabo el Govern de Baleares está poniendo sobre la mesa un conflicto jurídico difícil de ponderar, pues trata sobre dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución española: el derecho de propiedad y el derecho de tener una vivienda. Esto está generando una pugna entre la libertad de oferta y demanda con la imposición de facilitar a determinados colectivos una cuota más ajustada de alquiler. Así lo ha explicado al diario ABC Arantxa Goenaga, abogada especializada en Derecho Civil y socia de este bufete.

“No es lo mismo que el propietario escoja a su arrendatario a que el gobierno te lo imponga 7 años, pues pasas a tener una persona desconocida que no sabes qué daños puede causar en la vivienda”, ha señalado Goenaga. En este sentido, el Tribunal Constitucional ya anuló un decreto ley parecido que puso en marcha la Generalitat de Cataluña, por el cual obligaba a grandes propietarios a ofrecer un contrato de alquiler social para los inquilinos morosos o con pocos recursos. Esto sienta un precedente jurídico y se espera que los afectados de Baleares también recurran ante los tribunales la resolución del Govern.

“Esto obligará al ejecutivo de Armengol a demostrar ante la justicia que no dispone de viviendas públicas suficientes como para tener que aplicar este tipo de prácticas sobre los propietarios”, ha explicado Goenaga, la cual alerta del efecto dominó que puede tener esta medida en el resto de las Comunidades, en especial las que cuentan con regulaciones particulares sobre vivienda como Cataluña, Aragón, País Vasco o Canarias.

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