Cerrar los apartamentos turísticos no será tan fácil como se desprende de los últimos anuncios políticos. Mientras el Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido a eliminar todos estos pisos en cinco años, el Gobierno de Sánchez estudia modificar la ley para que los Airbnb no puedan operar en comunidades donde vivan vecinos; pero estas medidas podrían tener efectos legales y económicos no previstos por sus impulsores.

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